CACOA

Boletín especial con motivo de la manifestación de 27 de septiembre, ayer, que comenzó en la Gran Vía de Madrid y finalizó frente al Congreso, en la que participaron más de 25.000 personas. Cerraban la comitiva cerca de 1.000 arquitectos y aparejadores llegados de toda España, incluidas las islas, que se identificaban con sus cascos blancos de obra, que fueron convocados por la asociación de mutualistas arquitectos y arquitectos técnicos, ANMARQ, e informados por muchos de sus colegios profesionales. Encabezaban la marcha miles de abogados y procuradores. Todos, profesionales mutualistas, reclamaban una “Pasarela al RETA” justa, universal y constitucional.Las mutualidades, anteriores a la Seguridad Social, nacieron a principios del siglo XX como iniciativas de profesiones entonces privilegiadas, gestionando pensiones y salud. Con el tiempo, el Estado avanzó, mejoró las condiciones de sus ciudadanos, y creó la Seguridad Social, que hoy protege a más de 23 millones de personas, pero dejó fuera a las “profesiones liberales”: médicos, abogados, procuradores, notarios, registradores, arquitectos, aparejadores, ingenieros. Al punto que prohibía a estas profesiones acogerse a la Seguridad Social, obligándoles a contratar con una mutualidad y con un seguro de salud privado.

El gran punto de inflexión para la previsión social en España llegó en 1995 con la Ley de la Competencia. Buscaba dinamizar el mercado laboral, pero una vez más, debido a la presión en colegios profesionales y de mutualidades, que ya se habían hecho mucho más grandes y poderosas, no incluyó a las profesiones liberales mediante una Pasarela, permitiéndoles tan solo “pasarse” al sistema público, pero en condiciones realmente leoninas, complicadas y desfavorables. 

Mientras tanto, la universidad había democratizado el acceso a estas profesiones y surgieron nuevas clases medias y de trabajadores profesionales que confiaban en sus mutuas para cubrir su previsión social, es decir para su jubilación, enfermedad o incapacidad. Sin embargo, la inversión de la pirámide demográfica sumada a los factores anteriores hizo que las mutuas entrasen en barrena, incluso en quiebras técnicas en varios casos, perdieran su función original y se transformaran en aseguradoras privadas, gestoras de depósitos financieros según criterios puros y duros de capital, insuficientes e incapaces por todo ello de sostener los servicios sociales que solo la contribución colectiva posibilita: pensiones, paro, atención médica, hospitalizaciones o asistencia social, entre muchos otros.

Hoy, esas aseguradoras mantienen el denominativo "mutuas", incluso "hermandades" para ofrecer el espejismo de la llamada “alternatividad”, mediante la cual, quien tiene éxito profesional, patrimonio o suerte puede permitirse prescindir del sistema público y contratar seguros privados –de salud, de pensiones, vida, fallecimiento o incapacidad– caros y a la postre dependientes del Sistema Público, al que se remiten los casos que por difíciles no incluyen las coberturas privadas.
Pero la mayoría queda desprotegida, sin opción de cancelar contratos mutuales ni acceder al régimen público sin perjuicio. Lo alternativo, así planteado, asegura la supervivencia de las compañías, pero no está claro que consiga fundamentar la seguridad de los profesionales.

Algunos mutualistas, muy pocos, ya a finales del siglo XX, bien porque tuvieron más “visión de negocio”, bien porque fueron avisados o porque se dieron cuenta y tuvieron la posibilidad de hacerlo con consecuencias para ellos asumibles, desviaron sus ingresos hacia el patrimonio inmobiliario, o los fondos de inversión o apostaron por la estabilidad societaria, empresarial, funcionarial o docente exclusiva. Otros, actualmente, más jóvenes, han podido optar directamente por el Sistema Público, sin pérdidas ni contratiempos, con la protección constitucional que garantiza prestaciones.

Para esos perfiles personales, la oferta mutual puede ser un complemento menor, equivalente a un plan de pensiones privado. Para todos los demás o es la única fuente de subsistencia, y es claramente insuficiente; o se sienten engañados y perjudicados respecto al resto de españoles que habiendo aportado lo mismo o menos que ellos reciben unas prestaciones mucho mejores.

Conclusión: es hora de proteger a quienes siguen cautivos de un sistema fallido, confuso y erróneo, que aparenta ser privilegiados pero condena a la miseria en la vejez. De ahí la necesidad de manifestarse y exigir una ley que iguale a todos en derechos, sin excluir a nadie, y que permita que el esfuerzo personal complemente, como extraordinario, lo que debe ser ordinario y garantizado como justo, constitucional y universal.

Si está en tu mano no lo dudes… ayuda, cuando menos, en que se sepa lo que está ocurriendo y en que no sean la crueldad ni la ingenuidad el canal de información de compañeros y compañeras sobre este tema.

Cuidemos de quienes empiezan, estudiantes y nuevos profesionales, para que no caigan, por estar incorrecta o sibilinamente informados, en una situación irreversible, y sobre todo cuidemos de quienes se sienten prisioneros y maltratados en las mutualidades, en especial nuestros mayores, en especial los pasivos, facilitándoles una Pasarela al RETA justa, viable y cuanto antes, para que el esfuerzo, la aportación de toda su vida y la generosidad personal que han supuesto se correspondan con los derechos individuales y colectivos que merecen.

Javier Mancilla, Presidente de la asociación de mutualistas arquitectos ANMARQ
Félix Arranz, editor de SCALAE