CACOA

• La presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos (CACOA), exige “aplicar la Nueva Ley de Calidad de la Arquitectura en los concursos públicos”
• El congreso de arquitectos ‘La Casa está ardiendo’, que se celebró del 9 al 17 de febrero en Sevilla, abordó la necesidad de “modificar la Ley de Contratos del sector público”

La presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos, Noemí Sanchís, ha exigido en el Congreso: ‘La Casa está ardiendo’, la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público “y sus exigencias de Solvencia Técnica, Solvencia Económica y los Plazos, a fin de permitir un ejercicio digno de la profesión y la participación de todos los arquitectos y arquitectas, sin expulsar a las mujeres y a los jóvenes de la contratación pública”.

En este sentido, bastaría – según ha destacado la portavoz del colectivo - con aplicar las dos nuevas herramientas del Gobierno Autonómico y el Central, respectivamente, y que son “la Declaración de la Arquitectura como Bien de Interés General del Parlamento Andaluz y la Ley de Calidad de la Arquitectura nacional de junio de 2022”.

Sanchís lamentó que “los arquitectos tenemos cada vez más responsabilidades, pero cada vez peores situaciones de ejercicio profesional, que hace mucho tiempo que están por debajo de lo digno y, no solamente en honorarios, sino en plazos, en condiciones y en exigencias, unido al escaso conocimiento social de qué es lo que hacemos, cómo contribuimos al Estado del Bienestar, a la adecuación de todos los espacios y condicionamos la vida de todo el mundo”

La presidente. del CACOA inauguró el Congreso junto al secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero y la decana del Colegio de Sevilla, Nuria Canivell, y reclamó que los pliegos de condiciones de las administraciones públicas “incorporen verdaderos criterios de calidad y plazos de licitación y ejecución proporcionales a la complejidad del trabajo, sin puntuar las ofertas económicas a la baja o pedir otros requisitos que vulneran los derechos laborales básicos”.

Este primer Congreso de arquitectos y arquitectas tiene el propósito de reunir a todo el oficio de la arquitectura para afrontar las condiciones de trabajo y evidenciar las problemáticas que afectan a cada perfil, así como elaborar propuestas en común que hagan frente a las mismas a través de seis mesas de trabajo que analizarán el estado de la profesión desde muy diversas ópticas.

La mesa de trabajo se denominó ‘La Ley de Contratos del Sector Público vs. la Ley de Calidad de Arquitectura’, y contó con Antonio Alfonso Pérez de Andrés, asesor jurídico del CACOA, Noemí Sanchís e Iñaqui Carnicero, quien defendió la Ley de Calidad de la Arquitectura como “un instrumento valioso a la hora de mejorar la contratación de proyectos de arquitectura por parte de las administraciones públicas, que tienen que ir adoptándola pues para eso se tardó más de cuatro años en convertirla en realidad”.

Sin embargo, el letrado del Consejo Andaluz de los Colegios de Arquitectos recordó los múltiples contenciosos que se interponen cada año ante los organismos públicos que no están teniendo en cuenta la Ley 9/2022 de 14 de junio de Calidad de la Arquitectura, a los que se les exige el cumplimiento de los Principios de calidad del art. 4 y el art. 5 que reza “medidas para que los poderes públicos fomenten la calidad de la arquitectura y penalicen los subterfugios para eludir los criterios de calidad”.

Las administraciones "tienen que dar ejemplo"

Noemí Sanchís denunció que tampoco se está cumpliendo la Ley General de Subvenciones 38/2003 y su art. 8 que señala que “se tienen que fijar plazos máximos para la elaboración de pliegos, que no podrán superar el plazo concedido al licitador para la presentación de ofertas, en función de la complejidad del objeto del contrato y de la documentación requerida”. No sin indignación, la responsable del CACOA puso como ejemplo concursos para rehabilitar grandes edificios -como la Real Fábrica de Artillería que albergaba el evento - “cuyos pliegos tardan meses en redactarse y, cuando se publican, se da un plazo de 15 días para presentar las ofertas, sin tener en consideración la infinidad de tareas, investigación y documentos que un estudio de arquitectura necesita realizar y aportar”.

Esos plazos, “además de ser una forma de trampear la propia legislación vigente, son un atentado a la conciliación, la vida digna de los profesionales, las mujeres con familia y cualquier profesional que no pertenezca a un estudio muy grande que pueda repartir las tareas entre decenas de arquitectos”. Por esta razón, y en cumplimiento de la citada Ley de Subvenciones y su art. 9, desde el Consejo Andaluz están valorando la “exigencia de responsabilidad a los funcionarios al frente de estas licitaciones”.

Al respecto, la Mesa de Trabajo apeló también a las 120 medidas para la contratación pública de calidad y eficiente que se incluyen en el Manual de Buenas Prácticas de la contratación pública, elaborado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

Darío Mateo, coordinador del Congreso, señaló que el nombre ‘La Casa está ardiendo’ responde “a una situación de emergencia, para que acudamos a sofocar el problema, dado que, en el oficio de arquitecto, en todos los perfiles, edades y géneros se clamaba por un encuentro para hablar de los problemas de los arquitectos y arquitectas y no tanto de arquitectura como es habitual”. El Congreso tendrá el próximo 17 una puesta en común abierta a medios, representantes públicos, y la ciudadanía en la que se expondrán las principales conclusiones y reivindicaciones.

La decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell, detalló que los tres días se dedicarían “a llevar la mirada hacia dentro, como colectivo de profesionales de la arquitectura, con la diversidad de formas de ejercerla, con su heterogeneidad, y visibilizando también sus problemáticas, sus desencuentros y ver hacia dónde nos lleva, con la convicción de que siempre se aprende parando y poniendo en común”.