En la sede del Consejo General de Economistas de España (CGE), se ha presentado hoy la Guía sobre la tributación de la propiedad y el alquiler de vivienda, que ha sido elaborada por el Servicio de Estudios de dicho Consejo General y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del CGE–. La Guía hace un recorrido sobre los tributos que tienen que abonar los promotores de vivienda, así como los que llevan aparejados la propiedad y el alquiler de la misma –en este último caso, tanto desde el punto de vista del arrendador como del inquilino–. Además, incluye dos supuestos prácticos sobre los costes fiscales asociados a la adquisición, uso y al alquiler de viviendas, que pondrán de manifiesto el elevado coste fiscal que supone el poseer una vivienda.
En la presentación de la Guía han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE; Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE); Anna Balletbò, presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), exdiputada y empresaria; Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del CGE; Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF-CGE; Raquel Jurado, técnico del Servicio de Estudios del REAF-CGE, y Juan Ignacio de Blas, técnico del Servicio de Estudios del CGE.
Durante la presentación, los representantes del Consejo General de Economistas (CGE) han resaltado la caída de la compraventa de viviendas en España –un 11% interanual en el mes de octubre– y la reducción de la oferta de pisos para alquiler –un 30% desde la entrada en vigor, en mayo, de la Ley de Vivienda–. Según los economistas, estas alarmantes cifras podrían ser consecuencia de cuatro problemas básicos: precios elevados –que se han visto agravados por los altos tipos de interés y la renovada prudencia de las entidades bancarias en la concesión de hipotecas–; una demanda que aplaza cualquier decisión de compra; la nueva Ley por el derecho a la vivienda, que ha venido a aportar más intranquilidad para los propietarios de inmuebles que opten por ofrecerlos en alquiler; y los elevados costes fiscales asociados a la promoción de viviendas y a la tenencia de inmuebles.